viernes, 20 de mayo de 2011

15 M



MADRID.- El "movimiento de los indignados" seguirá con sus protestas en España pese a que la Junta Electoral Central ha prohibido las manifestaciones el fin de semana. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que la situación coloca en una tesitura delicada, no aclara si ordenará a la policía actuar para disolverlos.
"Si entran a desalojarnos haremos resistencia pasiva; insistimos en que nosotros no hemos hecho ninguna convocatoria ni de manifestación ni de concentración", dijo hoy uno de los portavoces de la acampada en la madrileña Puerta del Sol, epicentro de las protestas que día a día ganan más participantes en el país y que exigen un cambio en el modelo político y social.
"Respetamos la decisión de la Junta Electoral, pero nosotros ya dijimos que nos íbamos a quedar aquí hasta el 22 de mayo", día de las elecciones municipales y autonómicas, aseguró el colectivo "Democracia real ya", impulsor de unas protestas que se han extendido a más de 150 ciudades y que en Madrid y Barcelona, entre otras, son ya multitudinarias.
Tanto Zapatero como el vicepresidente primero del gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, evitaron hoy decir si el Ejecutivo ordenará a las fuerzas de seguridad el desalojo de los manifestantes para cumplir con la decisión del organismo electoral.
La JEC considera que las manifestaciones el sábado, jornada de reflexión, y el domingo, día de los comicios municipales y autonómicos, exceden el "derecho de manifestación garantizado constitucionalmente".
"El Ministerio del Interior y el gobierno actuarán bien, de manera inteligente; eso es lo que queremos, que se garanticen todos los derechos y se respete una jornada de reflexión, pero no adelantemos acontecimientos", dijo Zapatero en declaraciones a la Cadena Ser.
"En función de los acontecimientos la policía tomará las decisiones", manifestó por su parte Rubalcaba, que suspendió sus actos en el día final de la campaña electoral para seguir la situación desde su ministerio. "No hay democracia sin cumplimiento de la ley", indicó, pero también dijo que "la policía, donde hay un problema, para resolverlo no crea otro".
En su ambigüedad, el vicepresidente primero intentó lanzar un mensaje de calma. "Nuestra policía es una policía muy profesional y por tanto los ciudadanos tienen que estar tranquilos y seguros", aseguró.
El líder del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, dijo hoy que si el fuera ministro del Interior "cumpliría la ley". El sindicato policial SUP pidió hoy al Ejecutivo que no ordene disolver las manifestaciones. "No se debe crear un problema donde no lo hay", dijo un portavoz.
La jornada de reflexión en España se disponía a comenzar con un "grito mudo" en la Puerta del Sol. El "movimiento de los indignados", autobautizado como "Toma la plaza", convocó una protesta a las 00:05 horas de la madrugada del viernes al sábado, en la que pretende que los participantes se tapen la boca con cinta adhesiva. La Junta Electoral Provincial de Madrid también la prohibió hoy.
Crece el malestar. Las protestas, que no dejan de extenderse por el país y ganar participantes en los campamentos instalados en importantes plazas de varias ciudades y en las manifestaciones, comenzaron el domingo 15 de mayo, con la participación mayoritaria de jóvenes. Ahora ya hay gente de todas las edades. Claman contra la clase política, que dicen que no les representa, sobre todo contra el "bipartidismo" de las dos grandes formaciones, el Partido Socialista (PSOE) de Zapatero y el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
Aseguran que no defienden ninguna ideología y expresan su malestar con el sistema político y con los efectos de la grave crisis económica. Y quieren una reforma de la ley electoral, la eliminación de las candidaturas de políticos imputados en casos de corrupción y la revisión de la financiación de los partidos, entre otras cosas.
La prohibición de las manifestaciones ha hecho aumentar el número de personas que acuden a ellas y ha dividido a los juristas en España. Mientras unos piensan que el veto es necesario para garantizar una jornada de reflexión y un día de comicios sin crispación, otros creen que puede antentar contra un derecho fundamental como el de reunión, teniendo en cuenta que los manifestantes no piden el voto para ningún partido.

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