España: movimiento 15-M resiste a pesar del veto a las manifestaciones

Pese a que la Justicia amenazó con multar a los que desafíen la prohibición, se esperan ciudadanos autoconvocados este sábado y domingo. En todo el mundo hay réplicas del acto


La Junta Electoral Central acordó prohibir por un solo voto las manifestaciones convocadas para el sábado, jornada de reflexión en toda España, y el día siguiente, jornada en la que se celebrarán elecciones municipales. Al Gobierno le corresponde ahora la tarea difícil de decidir cuál será su postura ante la orden de desalojo de los concentrados en multitud de ciudades.

Un portavoz de los concentrados en Sol, Jerónimo, ha dicho que la decisión no les parece "ni bien ni mal" y que se esperaban cualquier resolución. Tras la asamblea de la noche del miércoles y la reunión del comité legal del Movimiento 15-M, un portavoz ha informado de que el sábado no se convoca de forma oficial una manifestación pero se ejercerá de forma colectiva su derecho a la reflexión, "evitando hacer referencia al voto y a los partidos políticos".

En la próxima asamblea, que se celebrará a las doce de la mañana de este viernes, "se aclarará todo". Los comunicados de la organización son cada vez más vagos y tratan de evitar declaraciones directas que puedan ser interpretadas de un modo rotundo.

La decisión de prohibir las protestas de la Junta se tomó por cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Los magistrados del Tribunal Supremo Luciano Varela (progresista e instructor del caso contra Garzón por la memoria histórica) y José Manuel Maza (conservador) redactaron sendos particulares discrepantes. Entre los cuatro en contra de la prohibición se incluyen catedráticos propuestos en su momento por el PSOE.

"En los días de reflexión y votación nuestra legislación electoral prohíbe realizar acto alguno de propaganda o de campaña electoral. Así mismo el día de la votación prohíbe formar grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso de los locales electorales, así como la presencia en sus proximidades de quienes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho del voto", asegura la resolución.

Continúa afirmando que "todas estas medidas legales están destinadas a garantizar el ejercicio con plena libertad del derecho fundamental de sufragio reconocido en el artículo 23 de la Constitución, como se declara en reiterada jurisprudencia constitucional. En el presente caso, esta junta estima que con independencia de la calidad de los sujetos la petición de emisión de voto a favor de candidaturas concurrentes a un proceso electoral, así como la invitación a excluir a cualquiera de esas candidaturas en el ejercicio del derecho de voto es un comportamiento no acorde a las previsiones de la Ley Electoral y que excede del derecho de manifestación garantizado constitucionalmente".

Es decir, considera que se trata de pedir que se deje de votar a determinadas opciones y, por eso, sí incide en la campaña. La decisión la adoptó por un solo voto, después de toda una tarde de deliberación. Según la resolución, las concentraciones y manifestaciones del Movimiento 15-M no se podrán celebrar entre las cero horas del sábado, jornada de reflexión, hasta las 24 horas del domingo, fin del día de votación de las autonómicas y municipales. Hasta ese momento habían fallado las juntas provinciales, con decisiones contradictorias.


Manifestación más allá de las elecciones
"Esperábamos cualquier resolución. No esperábamos que viniera tanta gente y ha venido", señala Jerónimo, un portavoz del Movimiento, quien ha querido dejar claro que ellos no convocan ninguna manifestación para el sábado.

Tampoco van a hacer un llamamiento para que la gente deje de acudir a la Puerta del Sol: "Todo el mundo tiene su padre y su madre. El futuro de esta concentración se hablará en la asamblea de esta madrugada y será ahí donde se decida qué hacemos el sábado y el domingo".

También quiso recordar que este movimiento no surgió con vistas a las elecciones del 22 de mayo, por lo que no sería tampoco descabellado que continuara a partir del próximo lunes. "Es una decisión que debemos tomar entre todos, pero no hay motivos razonables para dejar de reunirnos después del domingo", señala Jerónimo.

El Gobierno debe decidir cómo ejecutar la orden de la Junta
Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de visita en Lorca (Murcia), había respondido antes de conocerse la resolución que se estaba a la espera de lo que adoptase la Junta Electoral para desalojar o no a los manifestantes pero ha advertido que la Policía está para resolver problemas y no para crearlos: "La filosofía de la Policía se sustenta en tres normas de funcionamiento: actuaciones congruentes, oportunas y proporcionadas".

La prohibición, en todo caso, ya es firme. La Junta Electoral Provincial de Madrid ya había decidido poco antes de las seis de la tarde ratificar la decisión tomada ayer por el presidente del organismo, Jesús Ángel Guijarro López. La ley autoriza al presidente a pronunciarse solo, pero después se tiene que avalar en una reunión de la Junta con el visto bueno de la mayoría de los miembros con voto. La Junta ha dado su visto bueno con los votos a favor de cuatro de los cinco miembros con derecho a voto. Los vocales designados por el PSOE y el PP han respaldado la prohibición y el único voto particular que ha registrado es de uno de los vocales judiciales, el magistrado José Manuel Arias Rodríguez, que critica que ayer no se convocase una reunión de la Junta para que la decisión la tomasen, desde el principio, todos sus miembros.

Ayer Juntas Electorales provinciales prohibieron las acampadas en Madrid, Sevilla y Granada, pero se autorizaron en Valencia. A través de Internet se están recogiendo firmas para pedir que se permitan, de las que ya se han conseguido más de 90.500, menos de cinco horas antes de que la institución se pronunciase. A las seis y media de la tarde llevaban más de 113.000.

Para celebrar una manifestación hay que comunicarlo con 10 días hábiles de antelación a la Delegación del Gobierno, salvo que se argumente que tiene carácter de urgencia, con lo que el plazo se reduce a 24 horas. Además de andar justos en plazos, la ley prohíbe llevar a cabo cualquier acto reivindicativo en una jornada de reflexión previa a las elecciones municipales y regionales del domingo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional las admitió en una sentencia de 2010, que recoge que se podrán realizar manifestaciones que en la jornada de reflexión, sean del tipo que sean, siempre que la capacidad de estas de influir en el electorado sea "remota". 

Las movilizaciones de indignación resisten en la Puerta del Sol, pese a la prohibición y a la lluvia. Si fueron principalmente jóvenes y personas en contacto con las redes sociales las que mantuvieron viva la mecha entre el domingo y el martes, desde el miércoles por la tarde son también los mayores los que se han subido al carro de la protesta, que pretende continuar hasta las elecciones del próximo 22 de mayo.

Más allá de Sol
La Puerta del Sol madrileña es por ahora el corazón de la protesta. Pero la movilización se siguió extendiendo ayer por plazas de toda España. En Bilbao se reunieron 800 personas; en Valencia, 1.000; en Sevilla, 500. Hubo también cientos de personas en plazas de Granada, Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra. En Sol también están también muy orgullosos de que sus reivindicaciones se hayan extendido a otras ciudades europeas como Lisboa, Budapest, Berlín, Atenas, o Montpellier, donde se han convocado concentraciones frente a Embajadas y Consulados españoles. Esta madrugada la protesta ha llegado también a Ciudad de México y por la tarde del jueves la Plaza de Mayo en la capital de la República Argentina registró una manifestación de españoles residentes en ese país.

Aquellos manifestantes que decidan no acatar la orden de la Junta Electoral Central y se concentren a pesar de la prohibición cometerían un infracción electoral de tipo administrativo que está castigada con multas de entre 100 y 1.000 euros, según la opinión de distintos juristas consultados por Europa Press.

Los expertos apuntan a que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prevé en su artículo 153 que "cualquier infracción de las normas obligatorias establecidas que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente" y establece para los particulares multas de entre 100 y 1.000 euros.

Así, en opinión del magistrado Joaquín González Casso, miembro de la junta directiva de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, la sanción podría ser impuesta "en teoría" a cualquier persona que no acate la decisión de la Junta Electoral y no únicamente a los organizadores de la protesta.